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BRUSELAS: La Comisión europea estableció que los mecanismos de financiación puestos en marcha por RTVE de España y France Télévisions cumplen con las reglas estatales de ayuda estipuladas.
France Télévisions recibe una parte de los ingresos contribuidos por el servicio de transmisión pública, además de un subsidio del presupuesto nacional para ayudar a llenar el vacío que dejará la eliminación de publicidad en canales públicos a finales del 2011. “Se permite compensación estatal en los costos de servicio público, siempre que la misión esté claramente definida y no haya habido sobre compensación”, dijo Joaquín Almunia, VP de competencia de la Comisión. “Me satisface que la legislación francesa incluye los mecanismos requeridos para preservar una sana competencia entre los sectores públicos y privados”.
La Comisión anunció un determinación similar en España, donde la publicidad también ha sido abolida en RTVE. La emisora pública será financiada a través de nuevos impuestos de televisión y operadores de telecomunicaciones, además de la financiación estatal existente. Las nuevas leyes establecen que los ingresos de RTVE sean asegurados de un impuesto sobre ingresos del 3 por ciento en televisoras comerciales abiertas y un impuesto del 1,3 por ciento en cadenas de televisión paga, además de un impuesto del 0,9 por ciento sobre ingresos de operadores de comunicaciones electrónicas, una participación del 80 por ciento del uso del espectro radial. “La Comisión ha concluido que la compatibilidad de ayuda a RTVE no se afecta por la legalidad de nuevos impuestos y que la medida va de acorde con las reglas estatales de ayuda estipuladas, puesto que aseguran que RTVE no recibirá sobre recompensa por proveer servicios de televisión pública”, informó la Comisión.
“La decisión de España en poner mayor énfasis en la misión de servicio público de RTVE como parte de la reforma de emisoras de servicio público, va de acorde a las políticas de pluralidad mediática que la Unión Europea apoya”, dijo Almunia. “Además, reduce significativamente el riesgo de actividades anticompetitivas entre el sector público y comercial”.