TV LATINA
CARACAS,
2 de enero: Tras la medida anunciada por el presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), el
gobierno maneja tres opciones para el futuro de la cadena.
De
acuerdo a El Universal, el ministro de comunicaciones de ese país indicó que una vez vencida
la concesión el próximo 27 de mayo, el destino del canal puede ser que sus
trabajadores se organicen en cooperativas para manejar el canal, que lo asuma
una empresa mixta con capital del Estado y del sector privado o que pase a
manos de Venezolana de Televisión (VTV), canal del Estado.
Por su
parte, los directivos de RCTV aseguran que la planta televisiva tiene derecho a
que se le renueve la concesión, la cual vence en 2020 y no en mayo de este año.
El
pasado 28 de diciembre, durante el acto de salutación de fin de año a la Fuerza
Armada Nacional, el presidente Chávez informó que no permitirá que RCTV siga
operando como tal una vez vencida su concesión. “Es mejor que vaya preparando
sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. ¡No habrá
nueva concesión para ese canal golpista que se llamó Radio Caracas Televisión
(RCTV)!”, dijo antes de agregar que la medida ya estaba redactada. “No se va
tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo,
contra el pueblo, contra la nación, contra la dignidad de la República.
¡Venezuela se respeta!”, añadió.
Sin
embargo, el vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, aseguró en un
comunicado que esta medida no es de índole política. “Si RCTV recurre al
argumento político, no hacen otra cosa que reconocer su participación en la
política, con lo cual su posición debe evaluarse en ese terreno, donde
evidentemente cada quien tiene sus razones (…) Para dilucidarlo, si es
necesario, está la vía jurisdiccional”.
Por
otra parte, organismos internacionales han comenzado a pronunciarse en contra
de la decisión del gobierno venezolano, tales como la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y la
organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras que calificó la medida
de “grave atentado al pluralismo editorial”.